jueves, 16 de mayo de 2013

El TPP Amenaza u Oportunidad para Latino-américa.


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El Transpacific Parnership Agreement (TPP) es uno de los Acuerdos más importantes que se está negociando en el mundo. Ya sea por la cantidad e importancia de los países que participan, por ser transpacífico, y por el tratamiento más profundo y extenso que se le pretende dar a las materias que habitualmente se tratan en los tratados de libre comercio.
Perú ha intensificado su política comercial a partir de los acuerdos comerciales firmados en los últimos 5 años con economías tan importantes como China, Japón, Corea, Unión Europea entre otros. Esta política se refleja en un aumento de su comercio desde US$ 31.018 millones en 2008, hasta US$ 45.639 el año 2012[1].
Parece ser evidente que Perú debiera ser parte de este nuevo acuerdo. Sin embargo, a pesar de confluir la orientación de la política comercial de Perú, con los objetivos de este mega acuerdo que es el TPP, el punto que determina su viabilidad está en los contenidos que finalmente tenga el TPP. Debe incluir los temas de interés para Perú como la protección de su diversidad bilógica y cultural, así como mantener los grados de flexibilidad que se tienen en el ámbito de las empresas estatales, sistemas de salud y educación, y respecto a la propiedad intelectual.
La realidad y objetivo de los países latinoamericanos es, sin duda, distinta a la de los países anglosajones y de los países asiáticos participantes. Sin embargo, el voto de Perú vale tanto como el voto Australiano, y los países latinoamericanos representan ¼ del consenso en TPP. Perú como país en vía de desarrollo, al igual que Chile, necesita de las flexibilidades que ha sabido reconocer el sistema multilateral en términos de protección a la propiedad intelectual, de la implementación de los acuerdos multilaterales medioambientales, de las herramientas de resguardo en términos de movimientos de capital o  un adecuado balance entre derechos de los inversionistas y del Estado.
Países que todavía tienen por avanzar en términos de acceso al conocimiento, educación de calidad, cobertura de los sistemas de salud, fortalecimiento de sus economías (especialmente de sus sistemas financieros y de tipo de cambio). No se pueden permitir, limitar los contenidos en uno de los espacios más democráticos en términos de acceso al conocimiento como es internet; extendiendo la fiscalización del cumplimiento de la propiedad intelectual en la red a través de bajadas automáticas de contenidos, o incuso fuera del ambiente digital a través de mayores plazos de protección para libros, películas, música, etc.,  que finalmente afecten la disposición de éstos en las bibliotecas, escuelas o simplemente retardando la baja en los precios de estos productos fundamentales.
En forma similar, podría afectar el costo de los medicamentos al retrasar la disponibilidad de  medicamentos genéricos como consecuencia de la extensión de la protección de las patentes de los productos innovadores (en tiempo y ámbito) más allá de las condiciones que actualmente existen, o de limitar las facultades de impugnar solicitudes de patentes frívolas. Esto tiene como consecuencia el aumento del espacio de protección para las nuevas patentes de medicamentos, reduciendo el espacio para los medicamentos genéricos, se afecta negativamente el bienestar de la población.
. Las consecuencias de todas estas medidas terminan por afectar los presupuestos de las naciones emergentes que con dificultad y un gran esfuerzo tratan de llegar a toda la población.
Por otra parte, si bien nos podemos sentir medianamente satisfechos que nuestras economías gocen de una creciente estabilidad, todo país incluyendo los más desarrollados, está expuestos a los efectos de una crisis económica. Es por este motivo, que el Fondo Monetario Internacional ha reiterado que dentro de los desafíos primordiales para América Latina, está recomponer los márgenes para la aplicación de salvaguardias financieras[2]. En estas circunstancias parece atemporal solicitar la liberalización de los flujos de capital, cediendo las herramientas para resguardar la estabilidad en este campo, sobre todo cuando la crisis económica más reciente (2009) aún genera consecuencias para muchos países.
La respuesta a la pregunta presentada en el título es clara, el TPP es una oportunidad para lograr un acuerdo balanceado que refleje intereses y necesidades para Perú, así como también, para el resto de los países latinoamericanos participantes en este acuerdo que comparten intereses similares, incluso en algunas áreas se podría incluir a los integrantes del Asia.
En resumen el TPP es una gran idea en proceso de desarrollo, que hay que contribuir a modelar para que sea una real oportunidad para la economía peruana y de los demás países latinoamericanos. Si se pretende imponer un modelo concebido en función de realidades de países desarrollados muy distintas de los demás países que las implementarán, se transformará en un obstáculo para el sistema legislativo, de salud, educacional, judicial, y por qué no decirlo para los gobiernos que lo acepten, los que serán cuestionados por los movimientos sociales de creciente influencia en el mundo.

 Rodrigo Contreras A.
Consultor Internacional y 
Ex Jefe Negociador del TPP por Chile.



[1] Organización Mundial de Comercio.
[2] Boletín FMI, 19 de Abril de 2013.

lunes, 29 de abril de 2013

Salvaguardia para el Maíz Importado, Herramienta Legítima o Instrumento de Protección.


Una de las credenciales más importantes de Chile, es la seguridad jurídica, económica, así como la seriedad de sus instituciones. Esta afirmación, es cierta en la medida que se actúe de acuerdo con estos planteamientos, pero siempre está la influencia de sectores que presionan políticamente a las autoridades para tomar opciones que se aparten de una decisión puramente técnica.

Si bien las medidas de salvaguardia, antidumping y compensatorias, son herramientas legítimas de protección frente a distorsiones generadas en los mercados, mal utilizadas se transforman en medidas proteccionistas. Es por esto, que la Organización Mundial del Comercio es muy clara en las condiciones que se deben cumplir para aplicar medidas de esta naturaleza: debe haber un aumento en las importaciones que cause o amenace causar daño grave a la rama de la producción nacional (Art. 2.1 Acuerdo de Salvaguardias, de la OMC).

Según cifras de la Oficina de Estudios y Política Agraria del Ministerio de Agricultura y del Servicio Nacional de Aduanas, las importaciones de maíz partido y de maíz entero (rama de producción nacional Art. 4,1c ASVG), indican que si bien las importaciones totales crecieron un 13 %  el año 2012 y un 23 % el año 2011, éstas cifras no son más que la recuperación de las importaciones que cayeron en torno al 50 % entre los años 2008 y  2010, es decir la recuperación ha sido significativamente menor. Más aún, el total de ambos productos importados durante enero y febrero de este año registraron una caída de un 16 %, lo que hace aún más incomprensible la aplicación de esta medida, si no fue considerada necesaria anteriormente. Por su parte, la producción nacional ha tenido un crecimiento moderado, pero sostenido y con una participación que se mantiene estable durante los último 3 años en torno al 59 % del consumo.

Un elemento que llama poderosamente la atención de la determinación de la Comisión de Distorsiones, es la decisión de aplicar la medida de salvaguardia de 9,7 % a un solo país, cuando la OMC señala que las medidas de salvaguardia se aplicarán al producto importado independiente de la fuente de donde proceda (Articulo 2.2 ASVG), es decir, no se puede aplicar a un solo país como se aplicó a Argentina. Esta medida se torna más discriminatoria cuando Argentina aparece abasteciendo el 50 % de las importaciones el año 2012 y Paraguay el 44%. Esto genera serias dudas acerca de la legitimidad de la medida y de los cuestionamientos a los que estará expuesta nuestra institucionalidad en el exterior.

Uno de los problemas más importantes de ceder ante presiones de ciertos sectores productivos, es que en el futuro, no se pueden negar medidas de protección a otros que consideren amenazada su competitividad en el mercado nacional. Pudiendo producirse una escalada de medidas proteccionistas, injustificadas, que atenten contra el prestigio de la institucionalidad chilena. Otro problema ligado, es la dificultad para desmantelar la medida.

Nadie puede estar en desacuerdo de aplicar medidas de apoyo a sectores que así lo requieran, siempre que sean medidas efectivas para un problema claramente identificado, estudio que pareciera que no se ha hecho en profundidad por los organismos correspondientes. Ciertamente, esta medida no va a tener los efectos esperados en el sector y  traerá perjuicios para los productores que ocupan el maíz como insumo afectando la producción de bienes con mayor valor agregado y el cuestionamiento de la solidez de la institucionalidad chilena frente a presiones políticas. Las consideraciones anteriormente expuestas, indican que no existían antecedentes que justificaran la aplicación de forma, ni de fondo de la medida planteada.

Rodrigo Contreras A.
Consultor Internacional